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Seis meses de impunidad en la masacre del Carlos Marx

16 de Junio de 2018. Nicaragua amanece llorando bajo las columnas de humo que se elevan siniestras al oriente de Managua.

Ha iniciado este día sábado con un crimen atroz: seis miembros de una familia de comerciantes han sido calcinados en un ataque de paramilitares y policías contra los barrios orientales donde, semanas atrás, se habían atrincherado estudiantes y pobladores que repudiaban las matanzas que día a día venían perpetrando las fuerzas irregulares.

De inmediato, la noticia se expande viral entre el horror y la incredulidad: ¿Qué ocurrió aquí? Cada día el país estaba amanecía con un recuento macabro de asesinatos cometidos por las fuerzas policiales y paramilitares en las “operaciones limpiezas” contra los más de 100 tranques que se alzaron en toda Nicaragua como método de defensa ante la represión gubernamental.

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Sin embargo, de entre todas las muertes con que el país desayunaba amargamente, esta destacó por la saña con que se cometió: un grupo de paramilitares y policías quisieron instalar francotiradores en la casa de tres pisos de cemento en el barrio Carlos Marx para cubrir las operaciones en las calles de despejar las barricadas. Ante el rechazo de la familia a ocupar su hogar para asesinar a pobladores de las protestas, los armados incendiaron la casa con toda la familia dentro, según el relato de familiares sobrevivientes, vecinos y testigos del sector.

Familia quemada en el barrio Carlos marx de Managua por paramilitares del régimen de Daniel Ortega. LA PRENSA/ WILIH NARVAEZ/ ARCHIVO

El pastor Oscar Velásquez Pavón y su familia intentaron escapar del incendio, sin embargo, las turbas “apuntaban con AK-47 disparando para que no se salieran, hasta esperaron a que se quemara la casa para irse” confesó uno de los hijos del pastor a los medios.

Tres familiares (Janeth del Socorro Velásquez López, de 29 años; Francisco Javier Pavón, de 30 años; y Maribel de los Ángeles Velásquez López, de 14 años),lograron sobrevivir porque se refugiaron en una terraza y saltaron de un balcón del segundo piso, mientras el resto de la familia no logró escapar de las llamas. Ellos tenían un negocio de colchones y materiales inflamables lo que habría favorecido a que se propagara el incendio.

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Murieron calcinados Óscar Manuel Velásquez Pavón (46 años), el comerciante propietario del negocio y constructor de la enorme casa de cemento; su esposa Maritza López Muñoz (46 años), su hijo Alfredo (26 años) y la familia de este último: su mujer, Mercedes Raudez (20 años) y sus dos pequeños hijos: Matías Eliseo Velásquez (cuatro meses de edad) y Dayerys Osmari Velásquez Ráudez, de 3 años.

El tan predecible informe policial

El 19 de diciembre, en una de sus lecturas de comunicados ante medios y periodistas de la dictadura, la Policía “aclaró” el crimen de la manera más fácil y predecible: culpando a “delincuentes” y “estudiantes” de los hechos siniestros.

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El reporte lo dio a conocer el comisionado general orteguista Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial donde funciona el centro de torturas El Chipote, quien calificó la acción criminal como terrorismo, incendio y otros tipos de delitos.

Restos de la casa quemada en el barrio Carlos Marx. LAPRENSA/Wilih Narváez

Según la narrativa policial afín al régimen antes de ser asesinados, en una página de Facebook supuestamente del Movimiento 19 de Abril, habrían vertido amenazas el 14 de junio contra la familia del comerciante “por negarse a sumar al paro nacional” que había tenido lugar ese mes.

El post en que se basó la Policía Orteguista para establecer “una amenaza”, fue un montaje digital realizado dos días después por los fanáticos orteguistas sobre una publicación del Movimiento 19 de Abril donde se llamaba a apoyar el paro nacional.

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Los troles del orteguismo tomaron el post, sustituyeron la imagen del paro por una composición del señor Óscar Manuel Velásquez Pavón y se dieron a la tarea de circularlo entre sus seguidores, hasta llegar a convertirse en una inverosímil “prueba policial”.

Luego, siempre con la versión policial afín a la dictadura, llegaron el sábado 16 de junio, aproximadamente a las 6 y 10 minutos de la mañana, “grupos de delincuentes terroristas armados con tubos, lanza morteros, armas de fuego industriales y artesanales y bombas molotov, atacaron la vivienda, provocando un incendio que terminó con la vida de las seis víctimas y las tres personas lesionadas”.

Inverosímil narrativa orteguista

El mismo día del crimen, sin haber llegado a la escena del crimen ni haber iniciado la investigación de rigor, la Dirección General de Bomberos (bajo mando directo del Ministerio de Gobernación del régimen orteguista) responsabilizaron a “un grupo de encapuchados que lanzó bombas molotov contra la vivienda situada en el barrio Carlos Marx en torno a las 6:00h”.

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El jefe del centro de torturas El Chipote, para darse una pizca de credibilidad, presentó un video visiblemente editado donde uno de los sobrevivientes, Francisco Javier Pavón, quien en vivo acusó a la policía de los hechos atroces cuando ocurrió el incendio, cambió su discurso después de haber sido detenido, desaparecido y apresado en El Chipote.

Los féretros de los integrantes de la familia quemada en el barrio Carlos Marx. LAPRENSA/ARCHIVO

 

“Ellos me dijeron que dijera que había sido la Policía y lo tuve que hacer porque sentí miedo, pero la verdad es cuando salí en el segundo balcón yo no vi a ningún policía”, relató nervioso, apurado y visiblemente tenso el testigo, acusando a los canales 100% Noticias y Canal 10 de obligarlo a decir esa versión del 16 de junio.

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Mientras los cuerpos de las seis personas que habían fallecido en el incendio eran llevados a la casa donde iban a ser velados y el país gemía consternado, en la mesa de Diálogo Nacional, los representantes del régimen alegaron que estas personas eran simpatizantes del FSLN y habían sido víctimas de los supuestos “vándalos de la derecha”.

Las mentiras de Edwin Castro

“Y quería decirles que la familia fallecida, era una familia reconocida sandinista de ese barrio”, declaró entonces el diputado Edwin Castro, tratando de achacar los crímenes a los estudiantes de la Upoli.

“Qué nivel de cinismo el de ustedes, el manipular la información con tal de satisfacer su odio visceral. No voy a leer los epítetos, pero aquí me encuentro con esta familia que conozco muy bien. La familia sabe cuál es la verdad de estos delincuentes”, dijo Castro.

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“Estos delincuentes llegaron a pedir colchonetas, pero como el dueño les negó, ellos en forma de venganza llegaron a quemar la vivienda”, acusó.

A raíz de su acusación, estudiantes del Movimiento 19 de Abril atrincherados en la Upoli y que resguardaban las barricadas cercanas y que luego salieron del país, confesaron a LA PRENSA que el hijo del pastor, Alfredo, había donado 26 colchonetas a finales de mayo para que los estudiantes descansaran dentro del recinto y había logrado, mediante miembros de la congregación religiosa a la que pertenecían (Ministerio Apostolar Cristiano), conseguir víveres y unos tubos galvanizados para hacer lanza-morteros artesanales.

Las tres fosas en que fueron enterrados los seis miembros de la familia que murió calcinada. FOTO: Wilih Narváez/ LA PRENSA

“Además, los muy delincuentes querían que los dejaran entrar a la casa para hacer uso del entrepiso de arriba para desde ahí atacar a la policía. Esta es la verdad, y esta es la razón por la que estos delincuentes realizaron estos asesinatos”, insistió el diputado al servicio de la dictadura.

Sin embargo, los familiares de la familia Pavón y los vecinos desmintieron ese mismo día y desde entonces, la torcida versión del legislador del régimen.

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Oscar Pavón, pariente de las víctimas, declaró entonces que su familia nunca ha pertenecido a ningún partido político, menos al Frente Sandinista. Afirmó que quienes mataron a la familia fueron las turbas y la Policía Nacional. Insistió en que fue testigo de cómo estos grupos incendiaron la casa y apuntaban y disparaban a los vecinos que intentaban auxiliar a las víctimas.

Las redes sociales del comerciante

El perfil en Facebook del pastor desmiente desde entonces, y para siempre, la manipulación orteguista que lo quiso ofrecer como víctima sandinista de los estudiantes y manifestantes ante el régimen.

La foto principal de su muro es una imagen prediseñada: una imagen azulada de un lago donde flotan pedazos de iceberg y se reflejan los filos blanquecinos de una cordillera nevada.

La foto del perfil muestra un rostro adusto, con cierta dureza de obrero en la mirada; pelo lacio negro y corto, ojos negros de mirada desconfiada y ojeras que le daban un vago aspecto de cansancio permanente, aspecto en el que coincidían sus vecinos al describir a Óscar Manuel como un trabajador incansable desde muy joven. “1987, año en que “comenzó a trabajar por sí mismo”, escribió él en su perfil.


La última vez que actualizó su foto de perfil fue el 9 de mayo, cuando cargaba a su nieto Matías entre las manos y lo miraba con cariño. “Le luce hermano Óscar”, le dijo una amiga entre los comentarios.

Un ejercicio de navegación en su muro permite revelar un perfil personal con más tendencia hacia el amplio sector azul y blanco que hacia el reducido grupo oficialista.

Le gustaban las páginas de canal 10, canal 12, 100% Noticias, Radio Corporación, Masaya Informativa, Escuela de Ingeniería de la UPOLI, Ministerio Unción de Vida y Radio Ya.

Un video realizado por él el pasado mayo capta un aguacero para Managua y una inundación en el segundo piso de la vivienda. Pese al incidente de estar anegado en agua, el pastor y comerciante agradece a Dios y dice que, al menos con la lluvia, se detendría la matanza que desde entonces azotaba al país hasta llegar a las 325 personas asesinadas en 2018.

“La bendición de Dios, la lluvia, al menos esto paralizó que estuvieran matándose a la gente por lo menos, ya Dios sabe lo que hace. La gloria de Dios, Dios está mostrando su poder, así dice la palabra de Dios en Jeremías 10-10 “, dijo el pastor, mientras se miraba el piso inundado y daba sugerencias para desaguar el piso.

El crimen que el mundo vio

Antes del 18 de mayo posteaba sobre sus productos colchones Pavón y prédicas cristianas. De hecho el 18 de abril anunció sus nuevas colchonetas de tela de Damasco, pero luego su muro se llenó de mensajes cristianos y videos y post sobre la represión.

Los informes de derechos humanos y las reacciones internacionales: del crimen de la familia Velásquez-López dieron reportes varias organizaciones internacionales de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe investigativo de agosto de 2018, señala directamente a la Policía Nacional y grupos parapoliciales o terceros armados (paramilitares), de asesinar a la familia ante la negativa de permitirle el uso del inmueble para disparar a los manifestantes.

De igual modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, Amnistía Internacionales, Human Rights Watch y el Departamento de Estados de los Estados Unidos, volcaron sus sospechas sobre las fuerzas represivas del Estado.

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Bancos cierran 37 sucursales por crisis sociopolítica en Nicaragua

Ante la masiva fuga de depósitos y el fuerte incremento de la cartera en riesgo, que ha alcanzado niveles récord, la banca nacional ha decidido afrontar esas consecuencias de la crisis sociopolítica, entre otras medidas, cerrando 37 sucursales y ventanillas entre abril y noviembre del año pasado y despidiendo a más de trescientos empleados.

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Con ello, el sector puso fin a varios años de crecimiento y expansión en detrimento de la bancarización y el financiamiento a las actividades productivas.

Según reportes de los indicadores financieros publicados por el Banco Central de Nicaragua en abril del 2018, la cartera en riesgo representaba el 3.33 por ciento del total de la cartera de las entidades que forman el Sistema Financiero Nacional (SFN) —seis bancos y tres financieras—, pero a noviembre esta se incrementó hasta 9.79 por ciento.

El aumento de la cartera en riesgo explicaría en parte las interminables listas de deudores que están en mora en los diarios de circulación nacional. En las publicaciones las entidades del SFN llaman a miles de empresas y personas naturales, con créditos en mora y/o cobro judicial, a cumplir sus obligaciones crediticias.

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“Los resultados no son de sorprender. Desde que inició la crisis Funides (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social) ha venido dando seguimiento a los índices del sistema y se ha notado un incremento sostenido de la cartera en mora o en riesgo. Este incremento se explica por la disminución del empleo y la actividad económica que dificulta a los deudores honrar sus obligaciones”, explicó el director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro.

Según especialistas del sector bancario, la caída del 4 por ciento que se calcula tuvo el Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado golpeó tanto el consumo como la inversión; esto provocó un alarmante deterioro del crédito que afectará no solo al SFN.

Normativa no frenó incremento de la mora

A finales de mayo del 2018, la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif) aprobó una normativa que permitía a los bancos y las financieras reestructurar o prorrogar los créditos a las personas que debido a afectaciones directas o indirectas de la crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, enfrentaran dificultades para honrar sus compromisos.

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Sin embargo, la disposición que venció el pasado 31 de diciembre no evitó que la mora se disparara y, según fuentes cercanas a la banca, pese a beneficiar a algunos clientes no fue tan efectiva como se esperaba. Desde que fue emitida organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores advirtieron que esta no ayudaría en nada a deudores sin empleo o con sus empresas cerradas.

“El SFN se encuentra bajo estrés financiero que se resume en una disminución de las ganancias, un incremento en las provisiones por créditos malos y disminución en el rendimiento sobre el patrimonio”, explicó uno de los especialistas.

Para contrarrestar estas presiones, según el reporte del BCN, entre abril y noviembre pasados las entidades del sistema cerraron 37 sucursales y ventanillas, la mayoría de ellas en el interior del país.

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En abril, funcionaban 612 sucursales y ventanillas bancarias con 11,484 trabajadores; de estas, 267 estaban ubicadas en Managua y 345 en los departamentos.

En noviembre se reportaron 575 sucursales, 251 de ellas ubicadas en Managua y 324 en los departamentos. En el lapso de referencia también se redujeron 364 empleos en el sector, ya que en noviembre solo se reportó 11,120 trabajadores.

“El sistema financiero ha reducido sustancialmente sus carteras crediticias, cuyo crecimiento cerró negativamente en el 2018. Al disminuir sus actividades, es de esperar que los mismos reduzcan costos operacionales, que pasan por la clausura de sucursales o ventanillas, empezando por aquellas de menor volumen y rentabilidad”, aseveró Chamorro.

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Según los especialistas, el cierre de sucursales o ventanillas y la reducción de personal les permitirían a las instituciones del sistema mantenerse en la zona de rentabilidad. Sin embargo, advierten que “a estas alturas lo más peligroso para la banca es el deterioro progresivo de la cartera”, ya que mientras la crisis persista no habrá forma de frenarlo y en el futuro cercano puede provocar una crisis mayor.

La fuga de depósitos

1,373 millones de dólares en depósitos salieron del Sistema Financiero Nacional (SFN) entre abril y octubre del 2018.

De este monto:

987 millones fueron retirados en dólares, mientras que en córdobas salió el equivalente a los restantes 386 millones de dólares.

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Seis métodos dictatoriales que comparten Daniel Ortega y Nicolás Maduro

Abril de 2017 para los venezolanos y abril de 2018 para los nicaragüenses. Abril ha sido el mes en que los ciudadanos de ambos países se han rebelado contra los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega, quienes además del fanatismo por el fallecido líder venezolano, Hugo Chávez, también comparten métodos dictatoriales para someter a la población. Y estos métodos tienen un denominador común: están hechos para mantener contra viento y marea a ambos dictadores en el poder.

Armar paramilitares para reprimir a la población civil

Durante las protestas ciudadanas en Nicaragua, iniciadas el 18 de abril de 2018, los manifestantes nicaragüenses fueron brutalmente reprimidos, en distintos sectores del país, por fanáticos de Daniel Ortega, conocidos como turbas orteguistas y grupos armados paramilitares. Estos grupos dotados con armamento de uso militar, actúan a vista, paciencia y muchas veces en conjunto con la Policía Orteguista en la realización de ataques, secuestros y ejecuciones.


Lo mismo pasó en Venezuela durante el estallido social en abril del 2017, con los llamados “colectivos”, que son grupos armados por el chavismo en Venezuela que, amparados por la Policía venezolana, disparan contra manifestantes para dispersar las protestas. Estos grupos, al igual que en Nicaragua, han sido los causantes de muertes y desapariciones.

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El poco compromiso con el diálogo como alternativa para superar la crisis

A finales de 2017, el régimen de Maduro y la oposición de Venezuela acordaron un diálogo nacional, que finalmente acabó sin resultados a inicios de 2018 debido a que ambas partes se acusaron de romper los primeros acuerdos alcanzados. Lo mismo ocurrió en Nicaragua. Ortega llamó a un diálogo nacional el mismo día en que se vio obligado a derogar las reformas al Seguro Social por las que iniciaron las protestas en Nicaragua. Sin embargo, nunca se comprometió con honestidad con el mismo, y lo ocupó como un mecanismo para ganar tiempo y poder armar a los paramilitares para atacar universidades, manifestaciones civiles y tranques en distintos rincones del país.

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Fraudes electorales

Ortega tejió, desde su llegada al poder, el camino para perpetuarse la presidencia de Nicaragua. El primer fraude electoral de Ortega fue en los comicios municipales de 2008, cuando alteró los resultados, dándole al Frente Sandinista el control de más de cien alcaldías en el país. En esa ocasión, Rodrigo Barreto, mano derecha de Roberto Rivas en el Consejo Supremo Electoral (CSE), confesó a funcionarios estadounidenses los detalles de las irregularidades cometidas, además de que estas fueron recopiladas por expertos electorales y grupos de la sociedad civil de observación electoral.

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Daniel Ortega y Nicolás Maduro. LA PRENSA/ Archivo.

Maduro repitió la estrategia de Ortega en junio del 2018. Con un supuesto 67.8 por ciento de los votos, el 54 por ciento de abstencionismo y con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela bajo su control, Maduro logró reelegirse y asumió su segundo mandato el 10 de enero de este año. Sin embargo, por la falta de transparencia en el proceso y las denuncias de fraude electoral hechas por la oposición, el nuevo mandato de Maduro no fue reconocido por la mayoría de la comunidad internacional.

Bloquean participación de opositores

Ortega y Maduro han logrado su reelección debido a la falta de un partido rival que les haga contrapeso político. Ambos dictadores han procurado eliminar a cualquier líder político que represente una amenaza a sus aspiraciones para perpetuarse en el poder. Para esto han utilizado a los sistemas electorales y judiciales con el fin de eliminar a sus opositores.

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En los comicios presidenciales de 2016, Ortega tenía como principal partido de oposición al Partido Liberal Independiente (PLI), cuya fórmula presidencial la conformaban Luis Callejas y Violeta Granera. Ante la amenaza que representaba este partido, Ortega a través de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deshabilitó a dicha organización política, despojando de su representación jurídica al opositor Eduardo Montealegre y dársela a Pedro Reyes, un candidato desconocido. De esa forma Ortega garantizó que no hubiera una oposición política real en dichos comicios.

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua son atacados por el Gobierno por su posición crítica contra la represión a las protestas ciudadanas. LA PRENSA/ ARCHIVO

Maduro, en cambio, se deshizo de la oposición encarcelando a Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular (VP) y deshabilitando al partido Primero Justicia (PJ), del líder opositor Henrique Capriles. Ambos partidos desistieron de participar en los comicios presidenciales de 2017 por considerarlos una “farsa electoral”, dejando el camino libre para que Maduro se reeligiera.

Censura a medios de comunicación

En 2017, 51 medios de comunicación dejaron de operar en Venezuela, según la ONG Espacio Público, entre radiodifusoras, televisoras y medios impresos. El caso más emblemático fue el del diario El Nacional, con 75 años de existencia, que el pasado 13 de diciembre anunció el cierre de su edición impresa, debido al bloqueo de materia prima de parte del régimen de Maduro.

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Ortega por su parte, cerró de forma violenta el canal de televisión 100% Noticias, encarceló a su director, Miguel Mora y a su Jefa de Prensa, la periodista Lucía Pineda Ubau. Confiscó las instalaciones de los medios de comunicación Confidencial, Esta Noche y Esta Semana, a quienes acusa de terrorismo por informar con independencia.

Así quedaron las oficinas del medio de comunicación independiente Confidencial. LA PRENSA/Cortesía

Ortega sigue el modelo de Maduro con los medios impresos, al bloquear la materia prima con que se imprimen los periódicos en Nicaragua. La PRENSA, el periódico Hoy y El Nuevo Diario, corren el riesgo de informar exclusivamente a través de sus plataformas digitales, debido al bloqueo de papel que enfrentan.

Una estrategia de mentiras para encubrir la realidad de las crisis en sus países

En una entrevista brindada a LA PRENSA el pasado 22 de septiembre de 2018, la directora del Instituto para la Democracia Interamericana (IID), Beatrice Rangel, dijo que los regímenes de Nicaragua y Venezuela utilizan la misma técnica de desinformación y falsedades para dibujar con sus mensajes una realidad opuesta a los crímenes y la represión que cometen contra los opositores y la población civil.

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Maduro utilizó esta estrategia para negar la crisis humanitaria que ha provocado la falta de alimentos en Venezuela. Ortega, en cambio, ha utilizado este método para vender en el exterior una imagen de normalidad mientras los paramilitares y la Policía Orteguista continúan los secuestros y las redadas en contra de ciudadanos.

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Régimen orteguista dona terrenos al Ejército de Nicaragua

El Ejército de Nicaragua —que en los últimos meses ha sido cuestionado por su negativa de desarmar a los paramilitares y permitir una de las peores masacres de los últimos cuarenta años— recibió en concepto de donación tres propiedades ubicadas en tres puntos del país, según disposición del dictador Daniel Ortega.

La información fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, número 8, del 15 de enero. Estas propiedades situadas en Managua, Rivas y Estelí, serán utilizadas con finalidades exclusivamente militares, necesarias para “salvaguardar la integridad, independencia, seguridad y defensa nacional”.

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Según la información, Ortega firmó los acuerdos 02-2019, 03-2019 y 04-2019, en los que orienta a la Procuraduría General de la República (PGR) para que suscriba escrituras públicas de tres propiedades a favor de la institución militar. En total, las tres propiedades suman poco más de cuarenta mil metros cuadrados.

Al respecto, el vocero del Ejército de Nicaragua, Álvaro Rivas Castillo, confirmó que estas donaciones, orientadas por Ortega a la Procuraduría General de la República, ya están en poder de esa institución castrense. “No hay ningún proyecto en particular. Este es un proceso que desde hace muchos años se ha venido realizando para legalizar las propiedades institucionales que tiene el Ejército de Nicaragua en función de su misión constitucional”, explicó el coronel Rivas.

Ubicación

Uno de los terrenos en mención está ubicado en Rivas y es un bien inmueble que le pertenece al Estado de la República, el cual está localizado exactamente frente al Trapiche Méndez. Se trata de la finca El Zapote, con un área de 8,814 metros cuadrados.

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Esta propiedad está registrada con el número catastral 3050-3-07-502-01304, en el asiento segundo, columna de inscripciones, sección de derechos reales, del Libro de Registro de la Propiedad de la Propiedad Inmueble y Mercantil de ese departamento.

La otra propiedad entregada en donación, según los linderos, está en los alrededores de una base militar y prácticamente rodea el residencial Ciudad Doral.

El acuerdo 03-2019 establece que “autoriza a la Procuraduría General de la República para que comparezca ante la Notaría del Estado a suscribir escritura pública de donación a favor del Ejército de Nicaragua”, el bien inmueble perteneciente al Estado y que está ubicado en el kilómetro 20 de la Carretera Nueva a León, en el municipio de Mateare.

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El tercer acuerdo indica que la propiedad que cede al Ejército de Nicaragua se trata de un lote de 529 metros cuadrados, está ubicado en el Cerro Las Brisas y está inscrito como finca número 956-ADE, tomo 18 ADE, folios 201-204, asiento uno, columna de inscripción, sección de derechos reales del Libro de la Propiedad del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Estelí.

En estos acuerdos suscritos por Ortega, se aclara que estos inmuebles serán utilizados “con fines exclusivamente militares, necesarios para salvaguardar la integridad, independencia, seguridad y defensa nacional”.

Ejército bajo crítica

La legalización de estas propiedades ocurre en momentos que la supuesta neutralidad que ha alegado el Ejército de Nicaragua durante la crisis sociopolítica en el país, le ha valido a la institución militar muchas críticas de parte de la población.

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El exmagistrado Rafael Solís —padrino de bodas del presidente Ortega y la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo— advirtió recién en su carta de renuncia a su magistratura en la Corte Suprema de Justicia que el Ejército “por alguna razón no ha desarmado a los grupos armados” civiles al servicio del mandatario durante la crisis.

¿Ampliarán base militar?

El mayor en retiro Roberto Samcam destacó que las propiedades en concepto de donación entregadas por Daniel Ortega al cuerpo castrense no son grandes extensiones de tierra.

No obstante, señala el exmilitar, la propiedad más grande que está cercana a Ciudad Doral, probablemente sea para ampliar la base militar que operaba en la zona.

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En cuanto a la propiedad ubicada en Estelí, Samcam no descarta que esa donación sirva en realidad para que construya alguien alguna casa.

Samcam en reiteradas ocasiones ha señalado al Ejército de cómplice de la masacre ejecutada por el orteguismo.

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Diputados orteguistas no dan trámite a la renuncia de Rafael Solís

Los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional no dieron trámite este martes a la renuncia de Rafael Solís como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aduciendo que este no ha presentado su carta en la primera secretaría, como establece la ley. No obstante, según fuentes legislativas, esa sería una excusa política para evitar que se lea en el plenario la carta donde Solís desnuda las mentiras del régimen de Daniel Ortega sobre la masacre.

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El pasado 10 de enero, Solís hizo pública su renuncia “irrevocable” como magistrado de la CSJ y como militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en una carta que está fechada el 8 de enero, dirigida a Ortega, a la vicepresidenta Rosario Murillo y al presidente de la Asamblea, el orteguista Gustavo Porras.

En la misiva Solís hizo duras críticas al régimen Ortega-Murillo, a quien señaló de haber creado un Estado de terror, desmintió que las protestas ciudadanas iniciadas en abril de 2018 fuesen un intento de golpe de Estado y advirtió que el país puede desembocar en una guerra civil.

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Según conoció LA PRENSA, la mayoría orteguista en la Asamblea evitará que se exponga la renuncia de Solís en la Asamblea y dejarán que se le venza su período como magistrado el próximo abril.

Este martes mismo los diputados dieron trámite a la renuncia “por motivos de salud” del superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Víctor Urcuyo. Durante el plenario se debió leer el motivo de la dimisión de este a su cargo, que ocupó 15 años.

No se dan por enterados

“Oficialmente no tenemos ninguna renuncia. El magistrado Solís fue nombrado por la Asamblea Nacional y es aquí donde debe presentarla, y como no ha llegado no nos damos por notificados legalmente de su renuncia”, dijo este martes el orteguista y segundo secretario del Legislativo, Wilfredo Navarro.

En la carta enviada a Ortega, Murillo y Porras, Solís dejó claro que su “renuncia es independiente de la decisión que tome la Asamblea Nacional de aceptarla o no”.

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Pero Navarro insistió con el tecnicismo que mientras Solís no oficialice en la primera secretaría su decisión de dejar el cargo de magistrado no activarán el proceso para aceptación.

“Formal y legalmente él sigue siendo magistrado, si la presentó en la OEA o no se donde es otra cosa, (pero) el organismo que debe conocerla no es ni siquiera la Presidencia de la República, sino en la Asamblea que fue donde se le nombró”, dijo Navarro.

Sin embargo, se trataría de una decisión política porque cuando renunció Roberto Rivas como magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) —en mayo pasado— dirigió su carta a Porras como presidente de la Asamblea, y este luego la mandó a la primera secretaría, donde se tramitó ante el plenario.

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Los juristas Gabriel Álvarez y Eliseo Núñez explicaron —por separado— que si bien el artículo 142 de la Ley Orgánica del Legislativo establece que las renuncias de los funcionarios que sean electos por ese órgano deben remitirse en forma física o electrónica ante la primera secretaría, en el fondo lo que el orteguismo pretende es no exponer públicamente cómo Solís desnuda la represión de Ortega.

“Hay evidencia pública de que Solís ya renunció, si hubiese real interés los sandinistas al menos solicitarían información a la Presidenta de la Corte. Sin embargo, la repercusión de esto es política, no legal, porque se tendría que leer la carta de la renuncia de Solís en el plenario de la Asamblea en la cual desmonta la versión del Frente de que aquí hubo un intento de golpe de Estado”, dijo el exdiputado Núñez.

Los juristas opinaron que para acabar con los argumentos del régimen, Solís puede mandar su renuncia por correo electrónico a la primera secretaría, mecanismo facultado en la Ley Orgánica, y hacerlo público.

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“Esta renuncia ha sido un golpe muy duro, tratan de evadir los argumentos de Solís y básicamente el problema del régimen es cómo evitar que esto tenga impacto en la moral de la base orteguista”, aseveró Núñez.

La lectura del constitucionalista Álvarez es que Solís mandó su renuncia a Ortega para “subrayar que en Nicaragua no hay independencia de poderes y es a él a quien ha debido obediencia”. Explicó que la renuncia no puede ser obviada en la Asamblea porque se trata de “un acto unilateral no sujeto a requisitos ni condiciones”, por lo que “Solís no está obligado a ser magistrado”.

“Supongo que no se la quieren aceptar por pura revancha política. Lo consideran un traidor”, opinó Álvarez. Refirió que de mantenerle el estatus legal de magistrado “Solís no debería tener perjuicios porque no va a firmar sentencias, autos, ni providencias legales”, pero significaría que goza de derechos como el salario, “lo cual es absurdo” por cuanto él ya no ejerce el cargo, dijo.

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Jueces no pueden salir de Nicaragua sin autorización

Ahora los magistrados, jueces y funcionarios que ocupan cargos de confianza en el Poder Judicial no pueden salir del país sin previa autorización de sus superiores, según orientación que bajaron de la Corte Suprema de Justicia, afirmaron fuentes judiciales, que por miedo a represalias piden el anonimato.

LA PRENSA buscó la versión oficial de la Corte Suprema de Justicia, al respecto, pero su vocero Roberto Larios, respondió: “Yo no sé nada de fake news”, preguntale a tus fuentes anónimas”, mediante mensaje de texto.

La orientación fue dada como medida, después que el magistrado Rafael Solís Cerda se fue del país y luego hizo la renuncia pública a su cargo en la Corte y a la militancia del partido Frente Sandinista.

“Convocaron a reunión a los jueces y les dijeron que no pueden salir del país y que si tienen programado viajes que antes deben pedir autorización a su superior, para este consultar si lo dejan o no salir del país”, dijo la fuente.

La medida es para todos los cargos de confianza en las distintas instancias del poder judicial de todo el país, aunque también dicen que la orientación fue extensiva a otras instituciones del país, de parte del régimen de Daniel Ortega.

Anulación de juzgados y nombramientos

Por otro lado, los cambios en los puestos de trabajo en el poder judicial se siguen dando. Ayer por ejemplo, se supo que cancelaron o anularon los Juzgados Tercero y Cuarto Local de familia y se crearon los juzgados Décimo Tercero y Cuarto Distrito de Familia.

Las causas que estaban radicadas en estos dos juzgados que anularon, pasarán a ser conocidas por los Juzgados Décimo Tercero y Segundo Distrito de Familia según acuerdo judicial. Los cambios fueron notificados por Rubén Montenegro, secretario general de la Corte Suprema de Justicia.
De igual manera no hubo respuesta del vocero Larios al respecto.

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Justicia orteguista alarga el calvario del adolescente autoconvocado encerrado en el Chipote

El calvario que vive el adolescente autoconvocado Jonathan Francisco Lira Matey, de 16 años, preso en las mazmorras de el Chipote de forma ilegal, desde el 2 de noviembre de 2018, se extendió hasta el próximo 5 de febrero de 2019, fecha en que la juez Miroslava Calero Chamorro reprogramó el juicio a petición de la Fiscalía.

Lira Matey fue detenido el 15 de junio en su casa de habitación por haber participado en las marchas contra el régimen de Daniel Ortega. Además, porque llevó agua a los estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica (Upoli) en los primeros meses de represión.

Durante los primeros días de detención fue golpeado y torturado con ácido en las piernas, por lo que ahora tiene fracturadas las costillas, pero la policía orteguista no acata las órdenes de libertad emitida por los jueces de adolescentes. El afectado tiene cuatro órdenes de libertad a su favor, dos emitidas por el Juzgado Primero de Adolescentes de Managua y dos por el juzgado segundo de adolescente de la capital.

Según Yonarqui Martínez, defensa del adolescente, pidió nuevamente que lo pusieran en libertad y la judicial Calero Chamorro recordó que el adolescente tiene orden de libertad desde el 6 de diciembre y son las autoridades de auxilio judicial nacional las que no lo han puesto en libertad.

“En lo que se refiere a la privativa de libertad, auxilio judicial no lo ha puesto en libertad no porque esta autoridad no lo tenga en libertad, ya que fue extendida el 6 de diciembre del 2018 la orden de libertad y que quede claro que cada autoridad asume sus responsabilidades”, refirió la judicial en audiencia de juicio oral y público que no fue desarrollado.

Hay retardación de justicia

La Fiscalía solicitó la reprogramación del juicio, porque no llegó el representante de la empresa Alba Transporte,  supuesta víctima en este proceso, y porque no estaban todos los testigos, aunque fueron citados no llegaron a declarar.

Sin embargo, Martínez se opuso a la reprogramación del juicio, porque considera que no había razones para hacerlo. Además porque esto ocasiona más retardación de justicia en perjuicio del menor, que está mal de salud porque tiene las costillas fracturadas.

“El fiscal ni siquiera llevó el expediente, prestó el expediente judicial para intervenir en la audiencia y pedir reprogramación. Esto es una gran irresponsabilidad y violación de derechos humanos, constitucionales y procesales del adolescente”, dijo Martínez.

La abogada pidió que se le acreditara el tiempo de mora al Ministerio Público.

La Fiscalía acusa al adolescente de robo agravado en perjuicio de un policía y de un conductor de la empresa Alba Transporte.

Pruebas de la Fiscalía

Entre las pruebas que ofreció el Ministerio Público contra el adolescente Jonathan Francisco Lira Matey, de 16 años, están las testimoniales de un conductor de Alba Transporte, y los policías que realizaron las supuestas investigaciones.

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También ofrecen como piezas de convicción un tubo lanza mortero con una bandera de Nicaragua pintada a un lado del tubo y un mortero, que encontraron en su casa, cuando la allanaron.

Luis Alberto Palacios Flores aparece como representante de la víctima, pero su poder general, presentado en el proceso, dice que representa al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y la víctima es Alba Transporte, lo cual también fue señalado como anómalo por la abogada Yonarqui Martínez.

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Unidad Azul y Blanco enviará carta al papa Francisco sobre crisis de Nicaragua

La agrupación opositora Unidad Nacional Azul y Blanco enviará al papa Francisco en los próximos días una carta en la que le expondrán la grave crisis de derechos humanos que vive Nicaragua por la represión gubernamental, la cual ha dejado centenares de muertos, heridos y detenidos, y en exilio más de cincuenta mil personas.

Recientemente, el pontífice se pronunció sobre la realidad de Nicaragua y exhortó al país a la reconciliación en su mensaje de Navidad.

El papa Francisco en ese momento rogó para que “no prevalezcan las divisiones y las discordias” en Nicaragua y abogó por la reconciliación de la nación.

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“Delante del Niño Jesús, los habitantes de la querida Nicaragua se redescubran hermanos, para que no prevalezcan las divisiones y las discordias, sino que todos se esfuercen por favorecer la reconciliación y por construir juntos el futuro del país”, fue el llamado del pontífice romano.

Sin embargo, algunos sectores creen que el papa olvida que para que haya reconciliación debe haber justicia para las víctimas del terrorismo estatal.

Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el marco de la represión se habrían cometido delitos de lesa humanidad.

El mensaje de la UNAB

“En esa línea vamos, porque le agradecemos al papa su preocupación por su querida Nicaragua y su propuesta de diálogo, pero también le pedimos que se interese por las víctimas, por la justicia, por la verdad, por el sufrimiento de este pueblo, por los setecientos y pico de presos políticos, por los miles que se han ido al extranjero por el terrorismo de Estado”, reveló una fuente de esa organización a LA PRENSA.

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La carta que esa instancia enviará al máximo jerarca de la Iglesia católica se dará en el marco de la visita del obispo de Roma a ciudad de Panamá, del 23 al 27 de enero, cuando estará participando en la Jornada Mundial de la Juventud.

La fuente reveló que los llamados al diálogo y la reconciliación que ha hecho Francisco al país desde abril son excelentes, pero “queremos expresarle al papa que Nicaragua es muy cierto que urge de reconciliación, pero la reconciliación debe estar acompañada de una verdadera justicia; porque no es posible la reconciliación sin la justicia y Nicaragua urge de justicia porque tiene 12 años de estar ausente la justicia”, expresó uno de los líderes de la Unidad Azul y Blanco.

Papa fue criticado por exmandatarios

El mensaje de Navidad del papa fue criticado en una carta pública por veinte expresidentes que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en la que participa el expresidente de Nicaragua Enrique Bolaños Geyer.

Los exjefes de Estado y Gobierno recuerdan a Francisco que las poblaciones de Nicaragua y Venezuela “son sometidas al sufrimiento por sus gobiernos, bajo regímenes que sirven a la mentira, y los líderes sociales y políticos, los conductores de opinión y prensa, sufren cárcel, persecuciones y también la muerte…”.

“Los que oprimen a otros y los despojan de su debida libertad no pueden ciertamente contribuir a la concordia deseada, de manera que el llamado debe hacerse fundamentalmente a los que gobiernan las naciones”, precisan los expresidentes.

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México ofrece mediar en crisis de Nicaragua

El Gobierno de México se ofreció como mediador y facilitador del diálogo para coadyuvar a resolver los conflictos internos que se viven en Nicaragua y Venezuela, con “respeto a su autodeterminación” y “bajo el principio de no intervención”.

Así lo afirmó el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes, ante integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

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Al pronunciar un mensaje durante su comparecencia previa a su ratificación en el cargo, Reyes Zúñiga dejó en claro que el gobierno mexicano “no acompañará acciones que puedan afectar tanto al pueblo nicaragüense como el venezolano”.

Respecto a Venezuela dijo: “Que quede claro: México está en plena disposición de fungir como puente de diálogo y mediador de los conflictos internos de ese país, si así es requerido por los actores involucrados. La situación humanitaria por la que atraviesa ese país merece tanto el análisis de sus causas y efectos y, sobre todo, la atención solidaria”, expresó el funcionario en el Diario La Razón de México.¿asuntos internos?

Acerca de Nicaragua, apuntó: “Subrayo que México estaría en disposición de participar, a invitación de Nicaragua, en todo mecanismo de facilitación y mediación del diálogo que permita el acercamiento de las partes en conflicto, con pleno respeto a sus asuntos internos y a su autodeterminación”.

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Asimismo, ratificó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no disminuirá su cooperación con ambos países por motivos políticos, ni abonará a la división de los dos pueblos.

Además, informó que “nuestro país estará atento a la crisis política en Nicaragua y las consecuencias que pudieran tener entre los connacionales y los capitales mexicanos en esa nación”.

Respecto a Venezuela afirmó que se mantendrá una adecuada interlocución con el presidente Nicolás Maduro y los actores políticos y sociales de ese Estado.

La Comisión de Relaciones Exteriores ratificó anoche a los subsecretarios de Relaciones Exteriores, Julián Ventura; para América del Norte, Jesús Seade; para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos Martha Delgado, y para América Latina, Maximiliano Reyes.

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Desde que inició la crisis en Nicaragua, en abril de 2018, las fuerzas de seguridad han asesinado a más de 325 personas y herido a más de dos mil, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos de derechos humanos del mundo.

Ignora represión estatal

El funcionario mexicano, quien dejó claro que hay que respetar “la autodeterminación de los pueblos”, no se refirió a la brutal represión estatal que sufren los ciudadanos de Nicaragua desde abril pasado.

La crisis sociopolítica de Nicaragua ha causado, de acuerdo con las cifras de organismos de derechos humanos, entre 325 y 535 víctimas, producto de la brutal violencia estatal.

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Además, el Gobierno de México tampoco se refiere a los centenares de presos políticos, a los miles de nicaragüenses que tuvieron que dejar el país huyendo de la represión orteguista. Desde el pasado 18 de abril, en Nicaragua se demanda la salida del poder del dictador Daniel Ortega y su pareja Rosario Murillo. Las protestas fueron reprimidas por policías y paramilitares apertrechados con armas de guerra, mientras los ciudadanos mantenían protestas cívicas.

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Zona de Strikes: Polémica siempre rodea a la Preselección de Beisbol

Incluso en esta época, en la cual la crisis sociopolítica del país ha situado al deporte entre los rubros menos importantes, la convocatoria de peloteros para formar la Selección Nacional de Beisbol, ha estado rodeada de controversias.

Nunca estamos satisfechos con la lista de quienes fueron llamados. Siempre hace falta alguien o se llamó a quienes no lo merecían. Cada quien tiene su criterio sobre cómo debería estructurarse el equipo. Y eso es bueno.

La Selección forma parte del patrimonio sentimental de todos los nicaragüenses, así que es natural que haya polémicas. Y más todavía, en medio de la situación actual, en la cual las opiniones polarizantes están a flor de piel.

¿Por qué Julio Sánchez de mánager? Esa es sin duda la pregunta más frecuente, y además, su condición de policía, le pone más fuego al asunto. La respuesta de la Feniba, es que se trata de un ciclo olímpico y no hay razones para removerlo.

Es decir, Sánchez dirigió al equipo en los Juegos Centroamericanos en Nicaragua en 2017 y clasificó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Colombia. Y de ahí al eliminatorio (hacia los Panamericanos de Lima, Perú) que será en Sao Paulo, Brasil.

¿Que por qué no se llamó a Dwight Britton y a Renato Morales? “Porque se está renovando al equipo y hay jardineros que están mejores que ellos en estos momentos”, dijo Sánchez en las prácticas de este martes.

¿Qué pasó con Iván Hernández?, se ha preguntado. “Su dificultad, es que se trata de un pelotero unidimensional (solo batea) y eso lo deja en desventaja ante jugadores más versátiles”, explicó un coach de la Selección.

¿Por qué no está en la lista Vicente Padilla? “Porque ha dicho que tiene el compromiso de ir a México a la Serie Latinoamericana si León gana el campeonato en la Liga Profesional. Si pierde, sí irá con la Selección”, dijo Julio.

Y así como esas, hay más inquietudes como ¿por qué no se llamó a Edgard Montiel?, ¿por qué no se nombra a Lenín Picota como mánager? ¿Qué pasó con Jorge Luis Avellán? ¿Por qué no llamaron a Leonardo Ortiz?

Desde siempre, el llamado de la Preselección causa muchas polémicas, incluso en estos días, en los que hay inquietudes más apremiantes dentro de un país que intenta ser un mejor lugar para todos.

Sigue a Edgard Rodríguez en Twitter: @EdRod16

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